Directores y ejecutivos de cuatro empresas portuarias estatales participaron de un taller sobre diversas temáticas normativas organizado por el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), instancia que contó además con el apoyo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La instancia, desarrollada en las oficinas de la Empresa Portuaria San Antonio, congregó a la presidenta del SEP, Paulina Soriano, y a la coordinadora general del Programa de Desarrollo Logístico del MTT, Mariela Barquín, además de los representantes de EPSA, Empresa Portuaria Coquimbo, Empresa Portuaria Valparaíso y Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente.
Alejandro Domic, subjefe de la División Antimonopolios de la FNE, recalcó la importancia que tienen las empresas estatales que administran los puertos para llevar a cabo proyectos no discriminatorios y que incentiven la competencia, señalando que buscan «difundir las mejores prácticas y trabajar en la prevención de conductas anticompetitivas en toda la cadena logística marítima», recalcando la importancia de analizar estos temas «por la relevancia que tiene la actividad portuaria dentro de todas las actividades económicas del país, es un núcleo imprescindible y crítico, y, en ese sentido, cualquier flanco o riesgo de conductas anticompetitivas tiene un impacto mucho más allá que solo en el puerto, sino que se extiende a todo el resto de la cadena logística».
Domic destacó que «la infraestructura portuaria requiere de proyectos de largo plazo y que la planificación y gestión en el día a día esté alineada a los objetivos de no discriminación», a la vez de destacar que «la función de las empresas portuarias públicas no es solo tener el rol de planificación, sino que más relevante aún es el rol de autoridad portuaria y de fiscalizar directamente a aquellas empresas concesionarias que operan sus terminales como también al resto de los agentes económicos que intervienen dentro de un recinto portuario».
Con información de Puerto San Antonio
