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viernes, febrero 23, 2024

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Reforma a permisos ambientales en Chile: «No podemos esperar 10 años más»

Dadas las consecuencias del cambio climático y la meta de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, Chile debe procurar el éxito en los intentos de reformar el sistema de evaluación ambiental, advirtió un especialista en políticas públicas.

Desde 2013 ha habido múltiples tentativas para modernizar el sistema, administrado por la agencia de evaluación ambiental SEA, creada en 2010. La última propuesta de reforma se anunció este trimestre como parte de un paquete de medidas favorables a la inversión presentado por el gobierno. Además, se pretende reformar el trámite de permisos sectoriales en Chile, donde la inversión es necesaria no solo para facilitar la descarbonización, sino también para mitigar el impacto de los desastres naturales de origen climático.

El sistema de evaluación ambiental chileno no fue diseñado originalmente para procesar cientos de proyectos en simultáneo —como está ocurriendo hoy— ni proyectos como una línea de transmisión de más de 1.000km, plantearon participantes de un evento sobre permisos organizado por la mayor empresa de transmisión de Chile por activos físicos, Transelec. En términos de inversión requerida, solo para retirar el parque generador a carbón de casi 5,5GW (proceso ya en marcha), se requieren aproximadamente USD $30.000 millones en energía limpia, transmisión y capacidad de almacenamiento, según una estimación de 2022 del sector de generación.

Cristóbal de la Maza, investigador de la Universidad San Sebastián y exdirector del regulador ambiental SMA, plantea: «¿Tenemos que hacerlo (modernizar el SEA)? De todas maneras. Hay cosas que tenemos que modificar, pero no podemos esperar 10 años más a que esto esté listo» agregando que «si tenemos una meta (de neutralidad de carbono) al 2050, la ciencia también nos dice que tenemos que reducir nuestras emisiones en un 50% al 2030, y el 2030 está a la vuelta de la esquina».

El sector de transmisión está particularmente expuesto al riesgo de permisos, dado que las líneas suelen cruzar por múltiples jurisdicciones. La inflexibilidad del sistema es un problema, señaló el CEO de Transelec, Arturo LeBlanc, que mencionó como ejemplo los múltiples obstáculos que implica ajustar —durante la fase de construcción— los trazados de las líneas para satisfacer las solicitudes de una comunidad local.

El tiempo promedio de procesamiento de los proyectos en los últimos dos años es de mil días, frente a los 350 de 2014, indicaron participantes del evento.

Haciéndose eco del comentario de De la Maza, el ex director ejecutivo del SEA Hernán Brücher indicó que era necesario actuar y recalcó la importancia de optimizar el uso de los instrumentos estratégicos de gestión ambiental que ya existen. Las nuevas leyes deben ir acompañadas del financiamiento necesario, puntualizó. La modernización del sistema de evaluación ambiental puede enfrentar una mayor fiscalización política que la modificación de los permisos sectoriales.

En cuanto a permisos sectoriales, el jefe de la división de fomento de inversión e industria del Ministerio de Economía, Nicolás Marshall, indicó que se necesita un diálogo público-privado más profundo para «tomar mejores decisiones y más rápidas». Mientras tanto, se recomendó cambiar la evaluación de un sistema basado en el tipo de proyecto a otro basado en el riesgo del proyecto y establecer un mecanismo de diálogo estructurado y transparente para la agencia y los propietarios del proyecto.

En noticias relacionadas, Conexión Energía, empresa responsable de lo que será la próxima gran línea de transmisión norte-sur de Chile —el enlace HVDC de 1.350km Kimal-Lo Aguirre—, espera presentar el proyecto a evaluación este año, informó el medio local Diario Financiero. Si un trámite que podría durar dos años, Kimal-Lo Aguirre debería entrar en servicio a principios de la década de 2030. Conexión Energía es un consorcio formado por Transelec, ISA Inversiones Chile y China Southern Power Grid International.

Con información de BNAméricas

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